García de la Vega se arma para recuperar la propiedad del club

De la Vega, el miércoles, al llegar a la Junta./N. García / AGM
De la Vega, el miércoles, al llegar a la Junta. / N. García / AGM

El mexicano, que espera la contestación del TAS en no más de tres semanas, prepara acciones civiles, mercantiles y penales contra quienes le han quitado el Murcia

José Otón
JOSÉ OTÓNMurcia

Mauricio García de la Vega no piensa quedarse quieto y ultima una estrategia para defender sus intereses. El mexicano prepara acciones civiles, mercantiles y penales contra los miembros del Consejo que permitieron la entrada de la familia Gálvez en el club grana. Una de las medidas será impugnar la última Junta que considera ilegal. Paralelamente, el mexicano también espera la resolución del TAS a su demanda antes de tres semanas.

Según la defensa del mexicano, hay múltiples circunstancias para impugnar todo lo que ha pasado en el club desde el 7 de marzo, incluida la Junta del miércoles, en la que Víctor Gálvez ejerció como máximo accionista gracias a un poder emitido por Raúl Moro, que, según el CSD, no es el máximo accionista del Murcia puesto que no registró ante dicho organismo la compra del 73% de las acciones de los Samper, no terminando así de ejecutar la operación. Trámite que exigen los artículos 20 y 22 de la Ley del Deporte.

1 Falta de quórum
Gálvez fue apoderado de Moro en la Junta, pero el CSD no reconoce al extremeño como dueño del club.
2 Secretario no reconocido
Deseado Flores actuó como secretario del Consejo pese a no estar inscrito en el Registro Mercantil.
3 Accionistas desprotegidos.
La forma de la emisión de los prestamos participativos podría vulnerar la Ley de Sociedades de Capital.

La paradoja es que mientras García de la Vega no pudo entrar a la Junta al no tener el secretario, Deseado Flores, comunicación de su compra por parte del CSD, este no esgrimió las mismas razones con Moro en las mismas circunstancias, ya que este último cedió sus acciones a Gálvez para que ejerciera como máximo accionista.

De la Vega también impugnará que Deseado figurase como secretario del Consejo sin estar inscrito en el Registro Mercantil. Stefan Settels, exconsejero, pidió en varias ocasiones la suspensión de la Junta, mientras que los pequeños accionistas e Higinio Pérez optaron por abandonarla sin querer participar por considerarla ilegal.

Una campaña polémica

El punto 3 del orden del día de la Junta también fue controvertido. La emisión de préstamos participativos desde 600.000 euros y sin tope con el objetivo de restablecer el desequilibrio patrimonial existente en el club no es preferencial para los actuales accionistas. La Ley de Sociedades de Capital otorga a los accionistas de una sociedad el derecho a mantener el porcentaje de sus acciones en su artículo 308, asegurando que será un auditor externo al club el que deba presentar un informe favorable para que este derecho desaparezca.

Algunos accionistas apoyan los préstamos participativos, pero sin que se conviertan en acciones. El propio Consejo liderado por los Gálvez será al que al final de la campaña de aportaciones designará qué aportaciones se convierten en acciones y cuáles no.

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