'Golpe de estado' de Moro en la casa grana

Pero ayer todo dio un vuelco inesperado. Moro acudió a la notaría que lleva todos los asuntos del equipo grana y, también de forma unilateral, intentó reventar el plan del mexicano. «He revocado el poder que se expidió a favor de Mauricio García de la Vega y que estaba supeditado al cumplimiento del contrato que lo incluía. En vista del incumplimiento de dicho contrato me veo en la obligación de revocar dicho poder, así como las acciones necesarias para las defensas de mis derechos y de los intereses del Real Murcia», aseguró a través de un comunicado.

El dirigente que hace poco más de dos meses decidió dar un paso atrás tras asegurar que estaba cansado y que dejaba paso a alguien que llegara con ganas de ayudar al Murcia, decide así recuperar el control del club casi a la fuerza. De hecho, horas después se plantó en la Nueva Condomina, contrató su propio servicio de seguridad, lo colocó en la puerta de entrada a las oficinas y mandó impedir el acceso al club a dos personas: Pedro Gómez Carmona y el propio De la Vega. Hubo, además, imágenes esperpénticas, como cuando Miguel Martínez, actual presidente del club grana, llegó a la Nueva Condomina con un cerrajero para intentar cambiar la cerradura.

Moro, que asegura que en las próximas horas va a pagar una nómina a la plantilla, convocó un Consejo para las 8 de la tarde de ayer al que, por lo tanto, no hubieran podido acudir Pedro Gómez ni García de la Vega, aunque hubieran querido, ya que un miembro de seguridad contratado por el club siguió en la puerta de las oficinas hasta altas horas de la madrugada para impedirles la entrada. Al Consejo de urgencia, que acabó cerca de las doce de la noche, acudieron Raúl Moro, Miguel Martínez, Gabriel Torregrosa y Deseado Flores, que para los allegados a García de la Vega ha sido el que ha avivado el fuego tras ser relegado a un segundo plano por el mexicano.

García de la Vega se considera propietario del club y asegura que solo tiene que esperar que se cumplan dos requisitos para que la compra sea completamente efectiva: que el Consejo Superior de Deportes autorice el cambio de propietario, para lo que tiene un plazo de tres meses, y pagar cerca de los 200.000 euros fijados por contrato entre ambas partes en este caso, para lo que tendrá otro mes desde la resolución del propio CSD. Según el entorno del mexicano, este sería el último trámite para una compra a todos los efectos legal.

El gestor mexicano entiende que no hay lugar para que el extremeño rompa el contrato firmado por ambos, dado que lo hace posteriormente a la ejecución de la cláusula de compra por su parte. Además, cree que Moro no puede romper el contrato de forma unilateral y que solo puede hacerse de manera bilateral, con el consentimiento de los dos implicados en el asunto.

Los motivos alegados por Moro y sus abogados son cuatro, aunque alguno de ellos entran en colisión entre sí. Como por ejemplo, asegurar que hasta junio de 2019 García de la Vega no puede ejecutar la opción de compra y, al mismo tiempo, afirmar que no ha recibido el dinero pactado por la misma. Además, entre los motivos que alega Moro para intentar revocar este acuerdo figuran el supuesto incumplimiento de una cláusula de confidencialidad y también que el contrato entre él y García de la Vega se firmó en la primera semana de diciembre y que, por lo tanto, las mensualidades que los jugadores tienen pendientes son responsabilidad del gestor mexicano. Una situación que, en plena fase decisiva por el ascenso, deja en evidencia a un club que vuelve a ser noticia por algo que nada tiene que ver con el fútbol.