Fútbol | Real Murcia

Nuevo varapalo a Mauricio García

De la Vega charla con José María Almela en la Junta del 2 de febrero./Javier Carrión / AGM
De la Vega charla con José María Almela en la Junta del 2 de febrero. / Javier Carrión / AGM

La Federación da la razón al Murcia en la pugna con el mexicano por la propiedad del club

SERGIO CONESAMurcia

José María Almela, presidente del Real Murcia, explicaba en una entrevista publicada el lunes en 'La Verdad' que hacía tiempo que no tenían noticias de Mauricio García de la Vega. Desconocía en ese momento el máximo mandatario grana que pocas horas después iba a decidirse otro capítulo de la batalla que mantienen ambas partes por la propiedad del club. Y el vencedor de este enfrentamiento ha vuelto a ser el Real Murcia, ya que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (FEF) comunicó ayer que desestima el proceso sancionador abierto contra el conjunto pimentonero, que se inició a petición de Iconos Nacionales, propiedad de García de la Vega. El empresario mexicano señalaba que no se había ejecutado la resolución del TAS del 31 de julio que lo reconocía como el dueño legal de la entidad tras la compra, el 7 de marzo de 2018, del 84% de las acciones del Real Murcia a Raúl Moro.

La Española desestima el expediente sancionador contra el equipo grana y cierra el proceso que comenzó en noviembre a petición de De la Vega

En un primer momento, la jueza instructora propuso sanciones para todos los miembros que hubieran formado parte del Consejo del conjunto pimentonero después de esa fecha señalada del 31 de julio. La sanción a la que se exponían todos ellos contemplaba una posible multa de 3.006 euros e inhabilitación por dos años a cada uno de ellos por incumplimiento del artículo 87 bis del código disciplinario de la Federación. El propio Real Murcia también se exponía a una multa de la misma cantidad e incluso la posibilidad de una reducción de puntos en la clasificación. El Consejo grana recurrió esa decisión y en abril recibió una noticia positiva al conocer que la jueza de Competición había decidido suspender de forma temporal el procedimiento hasta que acabara el proceso abierto en el Juzgado de lo Mercantil de Murcia, cita que tiene fijada la fecha del juicio el próximo 5 de noviembre. Esa decisión volvió a ser recurrida.

El Comité de Apelación ha decidido ahora desestimar el recurso interpuesto por Mauricio García al reconocer las alegaciones del Real Murcia y de José María Almela, Francisco Tornel, Francisco Cobacho e Higinio Pérez. El motivo que argumentaban es que el expediente había caducado, ya que la notificación de la resolución superó los tres meses de plazo. Además, la resolución también incluye una consideración debido a que el proceso puede volver a reiniciarse por las mismas infracciones mientras no prescriban y que son también favorables a los dirigentes granas. «En el caso de que no se hubiera producido la caducidad del expediente debería haberse archivado, al menos respecto de la infracción de cumplimiento del laudo, pues no puede apreciarse de momento la comisión de la infracción imputada a los sancionados», indica la resolución, en referencia al incumplimiento del auto del TAS que denunciaba Mauricio García.

Además, añade, remitiéndose a la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) amparada en el informe de la Abogacía del Estado, que «la obligación de la ejecución del laudo arbitral en cuestión solo se produce desde el momento en el que existe un mando de ejecución judicial del mismo, momento en el que su ejecución es obligatoria y está por encima de la voluntad del club».

El Comité de Apelación de la FEF señala por lo tanto que «hasta ese momento no puede considerarse que el Real Murcia haya incumplido indebidamente el laudo arbitral, al no ser ejecutable sin el 'exequatur'». Ese procedimiento de 'exequatur' está contemplado para la autorización de la ejecución de un laudo dictado por un tribunal internacional en España, en el caso de que la parte contraria se niegue a ejecutar lo que recoge el laudo dictado por el TAS. Sin embargo, García de la Vega y sus abogados no lo han solicitado en el TSJ de Andalucía, lugar que les corresponde debido a que la mercantil Corporación Empresarial Augusta (empresa de Raúl Moro) tiene su sede social en la localidad sevillana de Tomares.

Por lo tanto, después del respaldo del CSD y de la FEF al club grana y de que la jueza de lo Mercantil no estimara las medidas cautelares presentadas por García de la Vega para paralizar la ampliación de capital, al mexicano le queda una carta en su batalla contra el Real Murcia y será el 5 de noviembre. De la Vega intentará demostrar que la última ampliación de capital, que dejó en las arcas granas 1,3 millones de euros, es ilegal y que antes de ponerla en marcha él tendría que haber sido inscrito como máximo accionista del club. Mientras que los consejeros granas consideran que no tiene razón el mexicano al buscar la nulidad de una ampliación que era vital para evitar la liquidación de la sociedad.

García de la Vega intentará demostrar el 5 de noviembre en los juzgados que la última ampliación fue ilegal

El Real Murcia mostró ayer a través de un comunicado su satisfacción por la decisión de la Federación Española y señaló que «está cumpliendo con las previsiones de la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la entidad, sin que pueda imputársele infracción alguna de laudo y/o código disciplinario federativo, nacional o internacional».

¿Supuestos incorrectos?

Además, añade que el Real Murcia «no ha cometido infracción alguna, ni ha lesionado intereses de Mauricio García de la Vega, invitándole expresamente a que, cuanto antes, desista de las acciones que mantiene contra este club». Por su parte, Agustín Amorós, abogado del mexicano, explica que no comparte los argumentos y le resultan «sorprendentes algunas de las cosas que dice la resolución. Además de estimar la caducidad, con lo que estamos de acuerdo, entra al fondo del asunto y le dice al Comité de Competición lo que tiene que decidir cuando se vuelva a abrir el procedimiento, que es algo inusual en un órgano de apelación. Contra la institución [el Real Murcia] no tenemos nada, pero queremos que se actúe bien. Hasta ahora las resoluciones han respaldado esta actuación, pero a mi juicio se basan en presupuestos que no son correctos».

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